Senador lo anticipó hace 2 días "En la gobernación siguen los mismos pillos" Juan Manuel Corzo; lo que no se entiende es por qué él estuvo en el acto de posesión ante notario público en Cúcuta
Tomado de La Opinión virtual http://www.laopinion.com.co/noticias/index.php?option=com_content&task=view&id=387556&Itemid=27
La administración municipal habría contratado en plena vigencia de la Ley de Garantías un total de 117 Órdenes de Prestación de Servicios, lo que a juicio de la Contraloría Municipal se constituiría en una flagrante violación al régimen administrativo de la función pública.
La masiva contratación, según una investigación que realizó el ente de control fiscal, se produjo en plena época electoral y estando en ejercicio de alcalde encargado el secretario de Hacienda, Adalberto Palacios, hoy gobernador encargado.
Los contratos se firmaron en un solo día, el 29 de junio, de manera exacta, pasadas las nueve de la noche, cuando ya estaba en vigencia la Ley de Garantías.
Pero ese día no solo se contrató ese volumen por fuera de la ley. Según los investigadores de la Unidad de Control Fiscal, el 29 de junio, previo a la entrada en vigencia de la citada ley, Palacios también suscribió otros 120 contratos de Órdenes de Prestación de Servicios.
Pero hay más. Al hacer el arqueo correspondiente a la contratación de junio, los investigadores contabilizaron que durante junio también la alcaldesa Riascos Rodríguez legalizó 240 Órdenes de Prestación de Servicios, lo que sumado a las suscritas solo durante el miércoles 29 de junio, más las que se finiquitaron en plena vigencia de la ley de garantías dan un total de 477 contratos.
Lo que más sorprendió a los investigadores fue la excusa que esgrimió la administración municipal para mantener activo y concentrado durante el 29 de junio el despacho de Hacienda. “La información que nos notificaron el día anterior era que se iba a hacer mantenimiento al archivo del sistema. Sin embargo, cuando (la noche del miércoles 29 de junio) acudimos a la Secretaría de Hacienda lo que se estaba realizando en esa dependencia eran contratos”, dijo un investigador de la Contraloría a La Opinión.
Agregó que ese día se hizo un arqueo de la contratación total celebrada en junio y con registro presupuestal; otro de la contratación celebrada solo el día miércoles 29 de junio, fecha en que vencía el término para celebrar contratos, y otro de la contratación suscrita después de ese día, es decir, en plena vigencia de la Ley de Garantías.
“La investigación nos determinó que se realizaron 117 Órdenes de Prestación de Servicios en plena vigencia de esta ley”, dijeron los investigadores.
El contralor municipal, Carlos Pacheco, reveló que el monto en dinero que cubrió la masiva contratación ascendió a $8’018 millones.
Explicó que en esta conducta no se tipificaba delito penal, dado que no se desapareció plata del fisco municipal. Dijo que el caso corresponde a una sanción disciplinaria y para ello se procedió a hacer traslado al Procurador Regional Nelson Flórez, para que sea su despacho el que determine la medida contra los funcionarios presuntamente responsables.
El ex secretario de hacienda del municipio y hoy gobernador encargado, Adalberto Palacios, quien para la época en que se produjo la masiva contratación oficiaba de alcalde encargado, dijo este martes que no conocía detalles de la investigación realizada por la Contraloría Municipal. “Hasta ahora me estoy enterando por La Opinión, y espero mañana (miércoles) conocer más del tema para emitir mi opinión al respecto”.
Por su parte, la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez también expresó no conocer de la investigación. “Puedo adelantar que cualquier proceso de contratación que se haya realizado bajo mi condición de alcaldesa se hizo ajustado a la ley y con el lleno de los requisitos”.
La masiva contratación, según una investigación que realizó el ente de control fiscal, se produjo en plena época electoral y estando en ejercicio de alcalde encargado el secretario de Hacienda, Adalberto Palacios, hoy gobernador encargado.
Los contratos se firmaron en un solo día, el 29 de junio, de manera exacta, pasadas las nueve de la noche, cuando ya estaba en vigencia la Ley de Garantías.
Pero ese día no solo se contrató ese volumen por fuera de la ley. Según los investigadores de la Unidad de Control Fiscal, el 29 de junio, previo a la entrada en vigencia de la citada ley, Palacios también suscribió otros 120 contratos de Órdenes de Prestación de Servicios.
Pero hay más. Al hacer el arqueo correspondiente a la contratación de junio, los investigadores contabilizaron que durante junio también la alcaldesa Riascos Rodríguez legalizó 240 Órdenes de Prestación de Servicios, lo que sumado a las suscritas solo durante el miércoles 29 de junio, más las que se finiquitaron en plena vigencia de la ley de garantías dan un total de 477 contratos.
Lo que más sorprendió a los investigadores fue la excusa que esgrimió la administración municipal para mantener activo y concentrado durante el 29 de junio el despacho de Hacienda. “La información que nos notificaron el día anterior era que se iba a hacer mantenimiento al archivo del sistema. Sin embargo, cuando (la noche del miércoles 29 de junio) acudimos a la Secretaría de Hacienda lo que se estaba realizando en esa dependencia eran contratos”, dijo un investigador de la Contraloría a La Opinión.
Agregó que ese día se hizo un arqueo de la contratación total celebrada en junio y con registro presupuestal; otro de la contratación celebrada solo el día miércoles 29 de junio, fecha en que vencía el término para celebrar contratos, y otro de la contratación suscrita después de ese día, es decir, en plena vigencia de la Ley de Garantías.
“La investigación nos determinó que se realizaron 117 Órdenes de Prestación de Servicios en plena vigencia de esta ley”, dijeron los investigadores.
El contralor municipal, Carlos Pacheco, reveló que el monto en dinero que cubrió la masiva contratación ascendió a $8’018 millones.
Explicó que en esta conducta no se tipificaba delito penal, dado que no se desapareció plata del fisco municipal. Dijo que el caso corresponde a una sanción disciplinaria y para ello se procedió a hacer traslado al Procurador Regional Nelson Flórez, para que sea su despacho el que determine la medida contra los funcionarios presuntamente responsables.
“No conocemos nada”
El ex secretario de hacienda del municipio y hoy gobernador encargado, Adalberto Palacios, quien para la época en que se produjo la masiva contratación oficiaba de alcalde encargado, dijo este martes que no conocía detalles de la investigación realizada por la Contraloría Municipal. “Hasta ahora me estoy enterando por La Opinión, y espero mañana (miércoles) conocer más del tema para emitir mi opinión al respecto”.
Por su parte, la alcaldesa María Eugenia Riascos Rodríguez también expresó no conocer de la investigación. “Puedo adelantar que cualquier proceso de contratación que se haya realizado bajo mi condición de alcaldesa se hizo ajustado a la ley y con el lleno de los requisitos”.



